Más de 68 millones de ciudadanos de Filipinas están llamados a las urnas este lunes en unas elecciones a mitad de mandato vistas como un referéndum a las políticas del presidente, Ferdinand Marcos Jr., y una prueba a la popularidad del clan Duterte en plena disputa entre el mandatario y la vicepresidenta, Sara Duterte.
Una docena de los 24 escaños del Senado, la totalidad de los 318 puestos de la Cámara Baja del Congreso y más de 18.000 puestos de la administración local están en liza en unos comicios que arrancaron con largas colas en los colegios electorales, reportó la cadena filipina ABS-CBN.
Las urnas abrieron a las 7:00 hora local (23:00 GMT del domingo) y permanecerán abiertas hasta las 19:00 hora local (11:00 GMT).
Entre los votantes que decidieron madrugar para evitar las altas temperaturas típicas de la estación seca se encontró Marcos Jr. en su distrito natal de Ilocos Norte, según imágenes compartidas por la oficina presidencial.
El mandatario no se juega el puesto en estos comicios, aunque la jornada es vista como un referéndum a sus políticas. Marcos Jr. ha puesto todo el peso de su coalición Alianza para una Nueva Filipinas (Alyansa para sa Bagong Pilipinas) detrás de una lista de once senadores que incluye nombres como el representante Erwin Tulfo, o el icono global del boxeo y candidato fallido a presidente Manny Pacquiao.
Buena parte de la atención en estos comicios está centrada en torno a la nueva configuración del influyente Senado, que tiene pendiente un juicio político contra Sara Duterte.
Enfrentada abiertamente con Marcos Jr., con quien llegó al poder en las elecciones de 2022 al frente de una exitosa alianza, sobre la vicepresidenta pesa un reguero de acusaciones de corrupción que podrían desembocar en su destitución y una investigación policial sobre sus amenazas de muerte contra el mandatario.
Uno de los aspirantes clave a un puesto local es el expresidente Rodrigo Duterte, que busca regresar a la política como alcalde en su bastión sureño de Davao a pesar de estar detenido desde el pasado marzo en La Haya a la espera de ser juzgado por la Corte Penal Internacional (CPI), que lo acusa de crímenes contra la humanidad por su sangrienta guerra contra las drogas.